Ley 13/2012 de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

En el BOE de 27 de diciembre de 2012 se ha publicado la ley 13/2012, cuya finalidad es la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, norma que ha modificado el Estatuto de los Trabajadores , la Ley General de la Seguridad Social, la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Modificaciones Estatuto de los Trabajadores:

–  Se amplia la posibilidad de derivar al empresario principal las deudas con la Seguridad Social contraídas por el contratistas, durante los tres años siguientes responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la seguridad social. Durante dúo año de las obligaciones de naturaleza salarial durante el año siguiente a la finalización de su encargo.

Modificaciones Ley General de la Seguridad Social:

– Obligación de comunicar con carácter previo las variaciones realizadas en el calendario , o el horario para los trabajadores afectados por suspensión de contratos o reducciones de jornada.

Modificación en la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo:

– Se faculta a la Inspección de Trabajo a qué en el centro de trabajo pueda examinar libros, registros, programas informáticos , archivos soporte magnético , declaraciones oficiales y contabilidad, documentos de inscripción , afiliación, alta , baja, justificación del abono de cuotas, prestaciones seguridad social, nóminas , etc….

– Obligación de suministrar en soporte informático cuanta documentación sea requerida por la inspección de trabajo.

– Se amplía el plazo de duración de las actuaciones de la Inspección hasta 9 meses.

Modificación en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social:

– se introduce la denominación fuera de plazo, así será objeto de sanción el no abonar en plazo reglamentario los salarios de tramitación y las vacaciones.

 

Protección de Datos

Fraude en los cursos subvencionados para la Implantación de la Protección de Datos.

El Inem ha detectado una bolsa de supuesto fraude en el uso de los fondos de formación continua, que algunas empresas utilizaban para financiarse la contratación de los servicios de protección de datos de algunas consultoras dedicadas a esta actividad. Los primeros resultados de una investigación abierta por el Servicio Público de Empleo, el antiguo Inem, ponen de manifiesto que en una de cada cuatro empresas investigadas se había producido alguna irregularidad.

Hasta el momento, los inspectores han analizado un total de 715 sedes empresariales que habrían utilizado los recursos que ofrece la Fundación Tripartita para la Formación Continua (la antigua Forcem), pero el volumen de empresas afectadas por la investigación podría ser mucho mayor. Según los datos , alguna de las consultoras denunciadas ante la
Administración por hacer publicidad de sus servicios a coste cero ha implantado la pro-tección de datos a 3.700 empresas, cada una con dimensiones de plantillas diferentes.

La investigación se abrió en abril, fruto de las denuncias de las patronales de empresas del sector de la protección de datos. Sus asociados habían detectado que, desde 2007, un número creciente de competidores estaban vendiendo sus servicios a coste cero, y muchas veces con servicios a través de colegios profesionales. Esa oferta era posible porque la consultora incluía en sus servicios un curso financiado por la Fundación Tripartita. De esa forma, la subvención para el reciclaje de los trabajadores era la que pagaba los servicios de protección, ajustándose sus facturas a esta.

Las empresas con uno y hasta cinco trabajadores se pueden beneficiar así de 420 euros por curso, mientras que una empresa de ocho empleados podría llegar a recibir en 2009 subvenciones por formación de sus empleados por un valor de 3.800 euros. De momento, fuentes oficiosas consultadas evitaron ofrecer datos sobre el volumen de fondos defraudado, pero aseguraron que todo el proceso “huele fatal”.

El director general de la Tripartita, Carlos Gómez, señaló  que “seguimos atentamente este tipo de procesos y estamos facilitando toda la información al Servicio Público de Empleo”, si bien aseguró que los expedientes abiertos a las empresas permitirán subsanar las irregularidades.

Derivada en Hacienda
La investigación se centra sobre todo en las empresas que contrataron los servicios, ya que son las que se beneficiaron de créditos en las cuotas de formación profesional y por tanto habrían defraudado los fondos de formación. Además de las sanciones que puedan aflorar de la investigación de Empleo, la Fundación Tripartita ha puesto el caso en manos de la Agencia Tributaria, ya que las empresas podrían haber incurrido también en fraude fiscal. Según explicaron fuentes conocedoras de la investigación, las empresas estarían exentas de pagar el IVA por los cursos de formación, que no están gravados, pero no de los servicios de consultoría para la implementación de datos, a los que se debe aplicar el impuesto.
El Inem también ha empezado a investigar a las 21 empresas denunciadas por la patronal del sector tras ofrecer de forma gratuita los servicios de protección, que incluso publicitaban en revistas. A la mitad de ellas se les ha descubierto alguna incidencia , pero las inspecciones siguen abiertas.