Esta Resolución establece la forma y plazos de presentación de las solicitudes, así como
también la tramitación y pago, de la ayuda económica establecida en el artículo 2 del Real
Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, prorrogado
hasta el 15 de agosto de 2013 por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero.
Además, este Real Decreto-ley, posibilita una prórroga automática del mismo por periodos
de seis meses, cuando la tasa de desempleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA)
publicada con anterioridad a la prórroga que corresponda, sea superior al 20%.
Dicha ayuda consiste en un 75% del IPREM mensual de 6 meses de duración, para aquellas
personas que, a partir del 16 de febrero de 2013, hayan agotado la prestación por
desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a ningún otro subsidio por desempleo
y/o ayuda prevista en la ley.
Además de deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:
• Llevar inscritas como demandante de empleo al menos doce de los últimos dieciocho
meses.
• Tener responsabilidades familiares.
La persona solicitante deberá carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al 75%
del Salario Mínimo Interprofesional en cómputo mensual. Esta condición también se aplicará
a las rentas de padres y/o cónyuge, y/o hijos menores de 26 años, o mayores con una
discapacidad en grado igual o superior al 33%, que convivan con el solicitante siempre que
éste carezca de rentas.

El Consejo de Ministros del viernes aprobó el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, publicado el lunes.

El objetivo del Real Decreto 1716/2012 es, clarificar diversos aspectos, entre ellos, la adaptación a los periodos transitorios de la regla de cómputo temporal de los requisitos para acceder a las prestaciones. Un ejemplo de ello es la cuantificación de la edad ordinaria que al final del periodo transitorio habrá pasado de 65 a 67 años y que se aplicará a razón de un mes más por cada año, hasta 2018 y dos meses hasta concluir en 2027.

Así, la regla determina que se considerará un mes de fecha a fecha, teniendo como referencia la de cumplimiento de la edad legal (65 más un mes, 65 más dos meses, etcétera).

Finalmente, se unifica la fórmula para fijar los periodos de cotización exigibles que, de acuerdo con la citada Ley de 2011 pasarán a contabilizarse por años y meses, tanto para determinar la edad, como la cuantía de las pensiones.

Además, el Real Decreto concreta también los requisitos relacionados con lasexcepciones en la ampliación del periodo de cálculo hasta veinticinco años en 2022.Como dicha ampliación puede resultar más favorable para aquellos trabajadores que, en la última fase de su vida laboral hayan incurrido en situaciones de desempleo, la propia Ley contemplaba la posibilidad de aplicar directamente la ampliación de periodo completo.

Este Real Decreto clarifica las circunstancias que han de concurrir para que un trabajador que, a partir de una determinada edad, ha visto reducidas sus bases de cotización por la razón de extinción involuntaria de la relación laboral, pueda optar por que su pensión se calcule directamente sobre veinte o veinticinco años sin necesidad de aplicar el periodo transitorio que contempla la ley.

Por otro lado, especifica los supuestos en los que el trabajador deba ajustarse a la legislación anterior en el acceso a la jubilación. En esta situación se encuentran quienes extingan su relación laboral antes o después del 1 de enero por acuerdos de empresa, convenio colectivo o ERE, suscritos o aprobados antes del 1 de agosto de 2012.

Cuidado de hijos

El Real Decreto hoy aprobado desarrolla y concreta también la mejora de los periodos considerados como cotizados a mujeres y hombres por hijos o menores acogidos,recogida en la Ley de 2011. Es el caso de las personas que, por nacimiento o adopción, vieron interrumpida su cotización al extinguirse la relación laboral o finalizar el cobro de prestaciones de desempleo coincidiendo con el nacimiento de sus hijos.

En este sentido, el desarrollo reglamentario despeja cualquier duda en cuanto a la compatibilidad de la aplicación del beneficio por cuidado de hijos con los periodos asimilados por parto y con los de cotización efectiva derivados de la situación de excedencia.

Asimismo, establece un tratamiento de la asimilación a periodo cotizado muy positiva, puesto que, aunque cabían otras posibilidades, el Real Decreto opta por tomar como base de cotización el promedio de las bases de cotización de los seis meses anteriores.

La Ley del Impuesto Sobre el Valor Añadido en su artículo 84 regula y determina quienes son los sujetos pasivos del Impuesto,que serán aquellos empresarios o profesionales que realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al Impuesto, pues sobre ellos nace la obligación de ingresar el impuesto. Hasta aquí la que suele ser lo habitual, empresa A le factura a B, B le paga a A el IVA correspondiente y A ingresa ese IVA a través de la declaración de IVA que corresponda.

Pero en el 2º apartado también nos indica una serie de supuestos en los que serán sujetos pasivos del Impuesto los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al Impuesto (inversión del sujeto pasivo).

El artículo de la Ley 7/2012 que ha introducido la novedad con respecto a la inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de obra (que es el tema que nos ocupa), viene a decir lo siguiente:

f) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las condiciones señaladas.

Vamos a ver su aplicación práctica con un ejemplo:

Supongamos el caso de una EMPRESA CONSTRUCTORA, que trabaja indistintamente para otros constructores principales o promotores y también para particulares que no tienen la condición de sujetos pasivos del IVA. ¿Qué tenemos que hacer?

1. En primer lugar, si la ejecución de obra va dirigida a una persona particular que no tiene la condición de sujeto pasivo del IVA, pues nada… sigue como hasta ahora. Facturará la ejecución de obra al particular aplicando el tipo impositivo que corresponda.
2. Pero si la ejecución de obra está dirigida a otro contratista principal o a un promotor que actúa como empresario o profesional, pues entonces, el contratista o promotor asumirá la condición de sujeto pasivo del IVA, en cuyo caso, en la factura que emita el CONSTRUCTOR no tendrá que repercutir cuota alguna de IVA, ya que el otro contratista o promotor, se convertirá en sujeto pasivo del Impuesto por esta operación con obligación de auto repercutirse las cuotas y a la vez, el derecho de deducirlas en su autoliquidación si reúnen los requisitos formales establecidos para ello. De esta forma se atenúa el efecto fraudulento de las llamadas facturas falsas, o facturación sobrevalorada sobre el precio real de la ejecución de obra.